23 de mayo de 2012

Se busca David dispuesto a enfrentarse a Goliath

Se han publicado recientemente dos interesantes editoriales sobre financiación de los medicamentos y calidad asistencial. Por un lado, Pepe Saura se hace eco en el blog del Grupo de trabajo de Seguridad del paciente de la semFYC ("Sano y salvo") de un documento publicado en la revista Atención Primaria (abril 2012) y que lleva por título "Mejorar la calidad asistencial no implica financiar públicamente cualquier medicamento". Por otro lado, en marzo de este mismo año conocíamos este otro editorial en la misma revista, con el título "Crisis y política de medicamentos".

En ambos se expone meridianametne claro que no siempre "más es mejor", que la política de financiación de medicamentos no se escapa del "efecto techo" (momento en el cual un mayor gasto no se traduce por un mayor beneficio en salud ni en calidad asistencial) y que en este nuestro país se han estado haciendo muchas cosas regular o mal.

Por un lado, somos el segundo país del mundo en consumo de medicamentos por persona y más del 85% están financiados por el Estado (gastamos 1,27% del PIB en medicamentos frente a la media europea del 0,94%). Por otro lado, somos el país de la UE con mayor captación de medicamentos nuevos protegidos por patente (UK y Alemania son de los que menos medicamentos nuevos consumen).

El SNS gasta miles de millones de euros en medicamentos que carecen de valor terapéutico. Los 100 Mill de € en SISADOA son un insulto a los contribuyentes en cuanto a coste-eficiencia y coste-oportunidad.

Consumimos más benzodiacepinas (hipnóticos, sedantes) que ningún otro país y tenemos una importante prevalencia de uso de antipsicóticos en mayores de 75 años (demencia, institucionalizados; estando generalmente contraindicados). Ambos puntos son preocupantes, máxime cuando sabemos que aumentan el riesgo de caída y de fractura de cadera, lo que incrementa de forma muy importante la morbi-mortalidad de estos pacientes. Y no por ser más "cómodo" (para los cuidadores) queda menos feo el tener a nuestros abuelicos amordazados con pastillas.

Se medicalizan y medicamentalizan problemas cotidianos hasta el punto de drogar a miles de niños difíciles (ISRS y psicoestimulantes que conllevan mayor riesgo de suicidio), mujeres menopaúsicas (con bajo riesgo de fractura e incluso con densitometrías normales y que pueden presentar -como efectos secundarios del tratamiento- fracturas atípicas y osteonecrosis), personas con demencia moderada-severa (a los que no se les retira la memantina -sobre los 200 euros/caja- pese a que no haya evidencia sobre una mejoría más allá de 6 meses de tratamiento). Y así un largo etcétera.

Hemos llegado a un punto en que parece que vendemos "felicidad farmacoinducida"; un punto en que la "pornoprevención" es el ama de llaves del sistema sanitario y el paradigma de "cuanto más, mejor" ya no nos sirve (prevención cuaternaria). Pero nadie con responsabilidad política y gestora ha salido a la palestra a denunciarlo. Los distintos colectivos y sociedades médicas tampoco han levantado la voz porque tienen hipotecados sus intereses a los de sus mecenas (sirva el ejemplo de cuantos no podremos asistir al congreso nacional de semFYC porque, simple y llanamente, no podemos asumir una inscripción desorbitada y los gastos derivados de un modelo congresual elitista, excluyente y mercantilista) y/o porque sus intereses (formación, presupuesto, representación en órganos de poder) corren paralelos a los de dichos mecenas, principalmente Farmaindustria y sus tentáculos en las altas (y medias) esferas.

Todo ello pone de relieve el gran problema estructural y fenomenológico del SNS: dejar a criterio del médico (muchas veces sin la adecuada formación e información pública, imparcial, veraz y de calidad) la elección de uno u otro medicamento para una u otra situación (incluso desoyendo la contra/indicación); todo ello en un contexto sociolaboral de interacciones donde el empoderamiento del paciente se ha desvirtuado hasta el extremo de tener que recurrir a la prescripción de medicamentos o la derivación al segundo nivel para poder cerrar el acto clínico, con los potenciales incidentes críticos derivados de dicha interacción y el riesgo de ruptura de la relación médico-paciente. Responsabilidades mal entendidas por médico y paciente, sin duda, y que asocian además otros grandes problemas de nuestro entramado asistencial: el incremento del gasto en atención especializada y en nuevas tecnologías/medicamentos, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la pérdida de capacidad resolutiva tanto del primer como del segundo nivel asistenciales.

La situación es muy compleja y precisa de un abordaje holístico (que también tenga en cuenta la opinión de los usuarios) porque, como bien remata Pepe Saura en su artículo, "medidas aisladas solo tienen efecto limitado y a corto plazo, y que solo con políticas farmacéuticas integrales es posible una racionalización del gasto farmacéutico". Y no se divisa en el horizonte ningún David dispuesto a enfrentarse a Goliath.