"Las leyes no son entes naturales e inmaculados; las conciben gentes poderosas en unas circunstancias y con una ideología determinadas." (Texto completo)
El Real
Decreto-ley 16/2012 (de medidas urgentes para
garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad
de sus prestaciones) aprobado por el Gobierno de Rajoy supone la creación de un auténtico apartheid sanitario y se muestra a todas luces inmoral, injusto e ineficiente para contener el gasto, pues confunde (y no ataja) el turismo sanitario con el derecho a la protección de la salud; a la par que ignora los posibles problemas de salud
pública, el colapso de las urgencias hospitalarias y el
aumento
de ingresos hospitalarios, con un coste
mayor que la atención primaria. Además, de forma soslayada, esta medida busca, entre otras cosas, que el colectivo de inmigrantes en situación administrativa irregular regrese a sus
países de origen mediante una estrategia de atosigamiento. No parece
legítimo que se obligue a los profesionales a renunciar a sus valores
más importantes (beneficencia, universalidad y equidad) para obtener
unos objetivos de orden público que deben abordarse mediante otros
instrumentos.
Esta orden ministerial pasará a la historia no sólo por el intrínseco desdeño a la vida humana (tanto usar argumentos religiosos para defender al nonato y, al mismo tiempo, la poca vergüenza cristiana que muestran con los ya nacidos); también será recordada por poner en peligro a toda la población y por enfrentar entre sí a una ciudadanía y a una clase obrera hastiadas, castigadas por la crisis y tan manipuladas que han interiorizado en su ADN social el mantra liberal de que "no cabemos todos; quien quiera sanidad que se la pague" (como si todos fuésemos evasores fiscales).
Pero si por algo destaca -desde el punto de vista de la atención sanitaria y su marco ético-legal- es por haber puesto a los profesionales sanitarios a los pies de los caballos. Nunca el personal sanitario ha tenido la sensación de ser respaldado por la Administración: hemos sido castigados desproporcionadamente por los recortes de sueldo aplicados a todos los trabajadores públicos (los MIR hemos perdido casi el doble de poder adquisitivo que otros trabajadores de la misma categoría profesional); no se nos ha tenido en cuenta a la hora de elaborar las líneas estratégicas encaminadas al ahorro sanitario y a la gestión eficiente de los recursos (como si no conociéramos de primera mano las grandes bolsas de ineficiencia); se nos ha expropiado el derecho a criticar desde las evidencias científicas disponibles las decisiones que los gestores (en su mayoría cargos políticos discrecionales) han tomado con el dinero de todos, decisiones en su mayoría perjudiciales desde el punto de vista de la salud y absurdas desde el punto de vista de la efciciencia y el coste-oportunidad.
En lo referente a la exclusión sanitaria promovida por este Gobierno vía Real Decreto-Ley, la medida se muestra simple y llanamente insultante por torticera, inmoral y perversa:
- La primera perversión es que atenta claramente contra un derecho universal como es la protección de la salud de las personas y contra las leyes que lo reconocen y recogen como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, entre otras.
- La segunda es que coloca a los profesionales sanitarios en una encrucijada ético-legal y nos otorga la responsabilidad de su aplicación, lo que de nuevo atenta claramente contra nuestra ética profesional y códigos deontológicos; códigos que determinan, con claridad meridiana, la obligación de atender a todas las personas que lo necesiten sin distinción de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud.
- La tercera es que esta ley no exime a cada profesional sanitario de su responsabilidad personal hacia el enfermo y deberá responder por los hechos que se deriven de una negación de auxilio o falta por imprudencia. Nos encontramos con una importante incertidumbre legal que los continuos cambios de esta ley no terminan de aclarar.
Dejar al médico la plena responsabilidad de decidir qué es urgente y qué no (como si la urgencia subjetiva y la urgencia diferida pudiesen ser acotadas), sin poder acceder previamente a los antecedentes médicos del paciente (porque su historia sólo estará accesible previa solicitud del profesional una vez que éste considera que se trata de una urgencia); esto significa que, en la práctica, quedará a decisión de cada profesional (incluidos los administrativos) esclarecer claramente el alcance de la atención sanitaria en cada caso particular, lo que les acarreará, además, una responsabilidad que no les corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda. Si no lo atiende y era urgente y se derivan consecuencias sobre la salud de esa persona, las consecuencias legales se trasladan al profesional sanitario Y si el médico decide declararse objetor ante una medida legal que confronta con nuestro código deontológico y opta por seguir atendiendo a todos sus pacientes sin hacer distinción, puede ser sancionado y expedientado (algún político ha lanzado ya el globo sonda: que al médico le descuenten en su nómina el coste del tratamiento).
Vivimos tiempos difíciles. Estamos inmersos en una realidad compleja y convulsa con muchas aristas que dejan entrever intereses para nada ocultos (promoción de los seguros privados de salud, desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y mercantilización de los mismos...), bombones envenenados que son envueltos en papel de regalo y ofrecidos a la población bajo eufemismos y engaños por parte de los poderes fácticos, los lobbys de presión y los medios de comunicación afines. Aunque uno tenga un compromiso ético y dentológico con sus pacientes, las Autoridades y las Administraciones central y regional han decidido añadir dificultades y complejidades a la época que nos ha tocado vivir. Personalmente he optado por declararme objetor a este Real Decreto, a sabiendas de que pueden arremeter contra "los rebeldes" y que -hoy por hoy- hay muchas sombras sobre la aplicabilidad efectiva de dicha decisión ética, humana y profesional, alabada y difundida tanto por la Organización Médica Colegial como por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a la cual pertenezco.
Puede que seamos utópicos, distópicos e incluso moralmente ectópicos; pero nos queda el buen sabor de boca del camino que llevamos andado, del trabajo realizado, de haber dado la cara para denunciar este disparate político-sanitario y de saber que, si logramos revertir este atentado contra la salud de la población, podremos contar a nuestro hijos que "La rebelión nació en Murcia".
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