También existen los niños ilegales.

Hoy debo dar las gracias al Real Decreto-Ley de 20 d abril de 2012 por recordarme que existen personas "ilegales" y que, como tal, deben ser "marcadas" desde los altares de la burocracia, no sea que se les ocurra actuar como los otros, los "legales". 

Consulta programada. Mujer de ochenta y pocos años, cardiópata, nefrópata, diabética con neuropatía severa y, para más inri, hipertensa mal controlada (pese a polimedicación), artrosis que precisa analgesia importante y una personalidad rígida, infantil, distímica y con nula conciencia de responsabilidad sobre su salud. Una paciente que nunca ha ido bien y siempre ha ido a peor. Hasta que "contrata" a la nueva cuidadora: mujer sudamericana, joven, muy responsable, con experiencia en el cuidado de mayores, con dos hijos pequeños y un marido en paro. Entrecomillo lo de "contrata" porque, según parece, no le paga (la paciente cobra una pensión no contributiva) y el acuerdo era cuidarla y vivir en casa de la mujer mayor a coste cero (luz, agua, alquiler). La cuidadora no cotiza (como tantas otras mujeres en su gremio). Ella y su marido han sido dos de los afectados por el Real Decreto-Ley de abril de 2012 y han perdido el derecho a una asistencia sanitaria "normal". Pero son optimistas: "estamos sanos y encontraremos trabajo". Les deseo suerte.

Todo lo anterior no es sino una introducción al dilema que me ha suscitado la consulta de hoy. La paciente ha llegado tarde porque la cuidadora tenía que recoger de la guardería al hijo pequeño, 2 años de edad, porque tenía diarrea y vómitos. Me ha pedido que lo explore porque "no lo han podido citar con el pediatra". Eran las 14:45h y he creído que el pediatra ya se había marchado. Veo al niño: nada anormal, parecía una viriasis y estamos en ambiente epidémico (inicio de las clases), hidratación oral y observación, consultar en urgencias si empeora esta tarde y revisión por su pediatra si no va bien.

Pero nada iba bien. En realidad todo va mal. 

Resulta que al niño no le dan cita porque los padres no tienen tarjeta y pese a que hay instrucciones claras de asegurar la asistencia a los menores de edad, en Administración no lo han querido citar, le han pedido "muchos papeles, no los puedo arreglar en 2 días" (dice) y que si es urgente vaya al hospital. Acto seguido, escriben en la historia clínica informatizada "requerir tarjeta sanitaria para poder citar". 

Así se cercenan los derechos y así se marca a las personas, con una simple frase, un eufemismo aún mayor y más retorcido que el término al que sustituye y que no se escribe en la historia por vergüenza: "ilegal".

Y en esas (y en manos de esas y de esos) estamos... Hemos convertido a los auxiliares administrativos de los centros de salud en los valedores y controladores de una Ley ilegal, inmoral e injusta que excluye del derecho a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y a los jóvenes mayores de 25 años que no han cotizado y, por extensión, se lo pone difícil a sus hijos, aunque éstos sí tengan derecho... Porque somos más papistas que el Papa; porque "nos aprietan" desde arriba; porque nos han hecho una Ley si no a medida, sí que por fin cubre el marco legal necesario para dar rienda suelta a nuestros sentimientos más oscuros, nuestra fobias y nuestras filias. Porque tener la llave de la puerta al sistema sanitario es tener mucho poder, y a todos (a unos más que a otros) nos gusta la sensación de ostentar y detentar el poder. Ser poderosos. Sobre todo cuando se cumplen nuestros deseos y expectativas. En este caso el deseo era el de no dar la cita y la expectativa era que no reclamasen.Y encima pensando que la ley estaba de su lado, que le amparaba y que sólo cumplía órdenes. Pero se ha equivocado de medio a medio.