Me gustaría compartir con vosotros una selección de párrafos del texto de Gema Coira, Julia Ojuel y Emilia Bailón, del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la semFYC:
"Los modelos de protección social existentes (salvo excepciones, como la
de los Países Escandinavos o los Países Bajos) no han incluido hasta muy
recientemente los cuidados en la infancia, en situaciones de
discapacidad, enfermedad crónica y durante la vejez.
(...) En nuestro país, los servicios formales participan de forma minoritaria
en el cuidado continuado de las personas que lo necesitan. Además, existe una clara inequidad de género generada por la desigual
distribución de las cargas (entendidas como “conjuntos de problemas,
tanto físicos como psicológicos o emocionales, sociales y financieros
que pueden experimentar los miembros de la familia que cuidan a adultos
dependientes” -George y Gwyther, 1986-) entre hombres y mujeres: el
porcentaje de mujeres cuidadoras no solo no ha disminuido desde 1995
sino que ha aumentado en 2005, el 84% de las personas cuidadoras de los
mayores son mujeres, lo más habitual es que sea la hija (50%), o la
esposa o compañera (12%) y en menor medida las nueras (9%), porcentajes
que contrastan con los de los hijos, esposos o yernos, que son del 8%,
5% y 2%, respectivamente.
El coste que asumen las mujeres por el hecho de cuidar es elevado en
términos de salud, calidad de vida, oportunidades de empleo, desarrollo
profesional, impacto económico, relaciones sociales y disponibilidad del
propio tiempo. Probablemente por eso, casi todas las mujeres en las
investigaciones realizadas manifestaron que no esperan o no aceptarían
para sí mismas nunca ayudas de este tipo por parte de sus hijas.
Cualquier política de apoyo a cuidadores/as debería tener en cuenta
la distribución desigual de las responsabilidades y cargas que supone el
cuidado de las personas dependientes en la sociedad, tanto en el ámbito
privado (familiar) como en el público (servicios formales) así como
entre los distintos miembros de la red de apoyo informal. Las políticas
de apoyo deberían ser, por tanto, en primer término, políticas de
reducción de las desigualdades y fomento de la equidad.
(...) se comenzaría a reparar la falta de equidad que, frente a los sistemas
de protección social, se comete con las mujeres, pues siendo ellas las
que más bienestar producen a la sociedad , son quienes menos se
benefician de las prestaciones del sistema (el diferencial en la cuantía
de las pensiones según sexo es uno de los más claros ejemplos)."
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