En algunas ocasiones (en el último año), el presidente Valcárcel realiza anuncios en materia sanitaria que no se ajustan a las previsiones presupuestarias de la Consejería del ramo de su Gobierno, que parecen desviarse de la planificación que puedan realizar los responsables políticos de la Sanidad regional, y que parecen contener algún componente populista y espectacular para llamar la atención.
El marzo del año pasado, dos meses después de haberse aprobado los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Presidente, al presentar el llamado Plan Regional de Dinamización nos anunciaba, entre otras medidas, la construcción en nuestra Región de un Centro de Lesionados Medulares y de un Hospital Oncohematológico -que, desde luego, no aparecían en las previsiones presupuestarias- o la construcción de una nueva área de urgencias y de un nuevo pabellón quirúrgico en el Hospital de Yecla, que, curiosamente, sí aparecían en las previsiones del Servicio Murciano de Salud.
Pasado un año y medio de dicho anuncio muy pocas cosas sabemos de la construcción de los dos primeros centros, ni conocemos la memoria funcional, ni el proyecto, ni la fecha del inicio de las obras, ni la financiación de las mismas, ni el modelo de gestión. Lo triste del caso es que tanto la construcción del centro de Lesionados Medulares como del Centro Onco-hematológico pudieran quedar en la historia de la Sanidad murciana como las ocurrencias de un presidente agobiado por la crisis económica que necesitaba, en un determinado momento, ofrecer deprisa y corriendo unas realizaciones futuras que él mismo sabía imposibles de realizar.
La construcción de la nueva zona quirúrgica y de urgencias del Hospital de Yecla no ha corrido mejor suerte: adjudicada a una UTE (para los neófitos: Unión Temporal de Empresas), con un presupuesto de casi seis millones y medio de euros, está paralizada desde el mes de enero, casi ocho meses en los que nadie ha dado explicaciones ni esperanza, y en los que los matojos y el polvo hacen compañía casi permanente a un ala del Hospital Virgen del Castillo.
Pero este verano el presidente Valcárcel, a modo de globo sonda, ha discurrido algo mucho más serio. Se trata del modelo de gestión del futuro hospital de Águilas-Mazarrón, para el que propugna una gestión totalmente privada, al modo de los hospitales de Denia y Torrevieja de la vecina Comunidad Valenciana.
No pueden el presidente Valcárcel y el Partido Popular tener criterios objetivos en contra de la gestión pública de los centros sanitarios. Existe la creencia 'popular', nunca demostrada, de que la gestión pública es peor que la privada, lo cual es absolutamente falso, pues en la gestión sanitaria, la diferencia cualitativa no se establece entre público y privado, sino entre eficiencia e ineficiencia; en definitiva, entre malos y buenos equipos de gestión.
Los que somos partidarios de la gestión pública entendemos que la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios sanitarios han de ser compatibles con la transparencia, la equidad, la igualdad de los usuarios en el acceso a los mismos, el mérito y la capacidad para cubrir los puestos de trabajo, el control y fiscalización políticos de los recursos públicos -no se olvide que (siempre) se trata del dinero de todos-, algo que con la gestión privada no está garantizado, en absoluto.
Las experiencias en la Región, al parecer, tampoco han disuadido al presidente Valcárcel. Ni el fracaso del modelo de gestión de la Fundación-Hospital de Cieza, en el que su situación financiera y la demanda permanente de los usuarios y de los trabajadores hicieron que fuese rescatado para ser gestionado directamente por el Servicio Murciano de Salud; ni, sobre todo, la gestión de la mercantil GISCARMSA, que en su “proyecto estrella” -la construcción del Nuevo Hospital de Cartagena- adjudicado en 86 millones de euros, lleva gastados más de 112 millones y acumulará un retraso de un año en la finalización de las obras y, sin embargo, recibirá en los próximos 30 años, como premio a su “brillante” actuación, mil millones de euros (más IVA) de la Comunidad Autónoma para gestionar servicios no-clínicos de dicho hospital.
Pero esta ocurrencia para la Sanidad del presidente Valcárcel corresponde a una estrategia del Partido Popular, que quiere introducir una cuña privatizadora invitando -con el dinero de todos, eso sí- a hacer negocios a determinadas corporaciones con un derecho ciudadano recogido en la Constitución como es la Sanidad. Ejemplos de esto mismo podemos encontrar en la Comunidad de Madrid, donde 3 de cada 4 nuevos centros/hospitales son privados, y en la vecina Comunidad Valenciana, la tierra del molt honorable President Camps (oh, qué casualidad...).
La sociedad murciana no lo puede consentir: profesionales, sindicatos, asociaciones de usuarios, defensores de la sanidad pública y partidos políticos hemos de abrir cuantos debates sociales y movilizaciones sean necesarios para tratar de impedirlo.
PS: ¿O acaso no nos importa en qué se gasta nuestro dinero? ¿O no nos importa la calidad de la sanidad murciana? Hombre, si es que nos (os) importa un pepino, pues nada, pues vale...
El marzo del año pasado, dos meses después de haberse aprobado los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Presidente, al presentar el llamado Plan Regional de Dinamización nos anunciaba, entre otras medidas, la construcción en nuestra Región de un Centro de Lesionados Medulares y de un Hospital Oncohematológico -que, desde luego, no aparecían en las previsiones presupuestarias- o la construcción de una nueva área de urgencias y de un nuevo pabellón quirúrgico en el Hospital de Yecla, que, curiosamente, sí aparecían en las previsiones del Servicio Murciano de Salud.
Pasado un año y medio de dicho anuncio muy pocas cosas sabemos de la construcción de los dos primeros centros, ni conocemos la memoria funcional, ni el proyecto, ni la fecha del inicio de las obras, ni la financiación de las mismas, ni el modelo de gestión. Lo triste del caso es que tanto la construcción del centro de Lesionados Medulares como del Centro Onco-hematológico pudieran quedar en la historia de la Sanidad murciana como las ocurrencias de un presidente agobiado por la crisis económica que necesitaba, en un determinado momento, ofrecer deprisa y corriendo unas realizaciones futuras que él mismo sabía imposibles de realizar.
La construcción de la nueva zona quirúrgica y de urgencias del Hospital de Yecla no ha corrido mejor suerte: adjudicada a una UTE (para los neófitos: Unión Temporal de Empresas), con un presupuesto de casi seis millones y medio de euros, está paralizada desde el mes de enero, casi ocho meses en los que nadie ha dado explicaciones ni esperanza, y en los que los matojos y el polvo hacen compañía casi permanente a un ala del Hospital Virgen del Castillo.
Pero este verano el presidente Valcárcel, a modo de globo sonda, ha discurrido algo mucho más serio. Se trata del modelo de gestión del futuro hospital de Águilas-Mazarrón, para el que propugna una gestión totalmente privada, al modo de los hospitales de Denia y Torrevieja de la vecina Comunidad Valenciana.
No pueden el presidente Valcárcel y el Partido Popular tener criterios objetivos en contra de la gestión pública de los centros sanitarios. Existe la creencia 'popular', nunca demostrada, de que la gestión pública es peor que la privada, lo cual es absolutamente falso, pues en la gestión sanitaria, la diferencia cualitativa no se establece entre público y privado, sino entre eficiencia e ineficiencia; en definitiva, entre malos y buenos equipos de gestión.
Los que somos partidarios de la gestión pública entendemos que la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios sanitarios han de ser compatibles con la transparencia, la equidad, la igualdad de los usuarios en el acceso a los mismos, el mérito y la capacidad para cubrir los puestos de trabajo, el control y fiscalización políticos de los recursos públicos -no se olvide que (siempre) se trata del dinero de todos-, algo que con la gestión privada no está garantizado, en absoluto.
Las experiencias en la Región, al parecer, tampoco han disuadido al presidente Valcárcel. Ni el fracaso del modelo de gestión de la Fundación-Hospital de Cieza, en el que su situación financiera y la demanda permanente de los usuarios y de los trabajadores hicieron que fuese rescatado para ser gestionado directamente por el Servicio Murciano de Salud; ni, sobre todo, la gestión de la mercantil GISCARMSA, que en su “proyecto estrella” -la construcción del Nuevo Hospital de Cartagena- adjudicado en 86 millones de euros, lleva gastados más de 112 millones y acumulará un retraso de un año en la finalización de las obras y, sin embargo, recibirá en los próximos 30 años, como premio a su “brillante” actuación, mil millones de euros (más IVA) de la Comunidad Autónoma para gestionar servicios no-clínicos de dicho hospital.
Pero esta ocurrencia para la Sanidad del presidente Valcárcel corresponde a una estrategia del Partido Popular, que quiere introducir una cuña privatizadora invitando -con el dinero de todos, eso sí- a hacer negocios a determinadas corporaciones con un derecho ciudadano recogido en la Constitución como es la Sanidad. Ejemplos de esto mismo podemos encontrar en la Comunidad de Madrid, donde 3 de cada 4 nuevos centros/hospitales son privados, y en la vecina Comunidad Valenciana, la tierra del molt honorable President Camps (oh, qué casualidad...).
La sociedad murciana no lo puede consentir: profesionales, sindicatos, asociaciones de usuarios, defensores de la sanidad pública y partidos políticos hemos de abrir cuantos debates sociales y movilizaciones sean necesarios para tratar de impedirlo.
PS: ¿O acaso no nos importa en qué se gasta nuestro dinero? ¿O no nos importa la calidad de la sanidad murciana? Hombre, si es que nos (os) importa un pepino, pues nada, pues vale...